Hace una semana, el miércoles 1 de junio, la justicia argentina renovó el pedido de las cinco alertas rojas de Interpol para iraníes buscados en relación con el atentado a la AMIA en Buenos Aires en julio de 1944.
Las alertas vencen cada cinco años, y las actuales vencían el 7 de noviembre. La intervención del juez Daniel Rafecas del Juzgado Federal 6 mantendrá vigentes estas alertas hasta el 27 de noviembre de 2027, confirmaron fuentes oficiales a IranWire.
Las alertas rojas se emitieron por primera vez en 2006. Después de la muerte de uno de los buscados y la anulación de otros tres un año después, siguen aún vigentes para Mohsen Rezaei, un excomandante del IRGC y actual vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán y para Ahmad Vahidi, actual Ministro del Interior.
Otros hombres aún buscados son Ali Fallahian, exministro de inteligencia, Ahmad Reza Asghari, exdiplomático de la embajada iraní en Buenos Aires, y Mohsen Rabbani, clérigo iraní radicado en Buenos Aires. Este último ha regresado a Irán y durante mucho tiempo ha sido considerado el principal artífice del ataque, que provocó la muerte de 85 personas, así como del plan de infiltración cultural del régimen iraní en Argentina iniciado a fines de la década de 1980 y que aún está vigente.
Las alertas rojas de Interpol fueron uno de los ejes del nefasto Memorándum con Irán, que impulsó el gobierno de Cristina Kirchner y que fue denunciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman en 2015 como un presunto encubrimiento a los iraníes acusados. En su denuncia, Nisman sostenía que el memorándum con Irán escondía un intento de levantar las alertas rojas de Interpol que pesaban sobre los principales apuntados, dificultando así el curso de la investigación. Cuatro días después de hacer pública su denuncia, el fiscal Alberto Nisman fue hallado muerto en su departamento en Buenos Aires.
Fue el mismo juez Rafecas quien intervino en esa denuncia y la rechazó por inexistencia de delito. El caso, sin embargo, fue reabierto años más tarde y la hoy vicepresidenta quedó procesada por el juez Claudio Bonadio y enviada a juicio. El año pasado, el Tribunal Oral Federal 8 decidió sobreseer a la vicepresidenta y el resto de los acusados por entender que no hubo delito. Una apelación de la querella de los familiares de víctimas y la DAIA impugnó esa decisión que ahora será revisada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.
Las alertas rojas de Interpol son el mecanismo por el cual un Estado (a través del fallo de un juez) pone en conocimiento a los países que integran la red que está en búsqueda de una persona, ya sea porque cometió un delito o porque está acusado de hacerlo.
Tal como lo explica Interpol, la notificación roja es una solicitud a las fuerzas de seguridad de los 195 miembros para que localicen y detengan a una persona. La primera aclaración que debe hacerse es que Interpol no tiene “poder de policía”. Es decir, no es quien “activa” las detenciones, sino que eso debe hacerlo la fuerza de seguridad del lugar. “Una notificación roja no es una orden de detención internacional”, reafirma Interpol incluso en página web.
Las alertas rojas deben imponer limitaciones significativas a la libertad de movimiento de una persona buscada. Pero más allá de la red, las detenciones tienden a depender de las relaciones políticas entre países.
Teherán siempre ha negado su participación en el atentado a la AMIA y ha apelado contra la emisión de las primeras notificaciones rojas en noviembre de 2006; Ciertas figuras clave, incluido el ex presidente Akbar Hashemi Rafsanjani y Ali Akbar Velayati, el asesor de asuntos exteriores del Líder Supremo, finalmente quedaron eximidos de estas alertas.
En noviembre pasado, a pesar de la alerta roja de Interpol, Mohsen Rezaei encabezó una delegación que visitó Nicaragua para participar de la cuarta jura y toma de poder del dictador sandinista Daniel Ortega. Nicaragua es miembro de la Interpol, pero no hizo ningún movimiento para detener a Rezaei o incluso evitar que asistiera a la ceremonia. La situación se agravó por el hecho de que Daniel Capitanich, el embajador argentino en Nicaragua, estuvo presente en el mismo evento, y tardó más de 24 horas en reaccionar.
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