La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos ha pedido a la República Islámica que ponga fin a la persecución generalizada de periodistas y activistas después de que dos reporteros fueran condenados a 25 años de prisión en total.
"Perturbada por la sentencia iraní de las periodistas Elahe Mohammadi y Niloofar Hamedi a 12 y 13 años y del abogado Saleh Nikbakht a 1 año, por su trabajo en el caso de Mahsa Amini, que provocó protestas en 2022", dijo Mary Lawlor en X, antes conocido como Twitter , el 23 de octubre.
اخبار ناراحت کننده از ایران در خصوص محکومیت #الهه محمدی و #نیلوفر حامدی به 12 و 13 سال و وکیل #صالح نیکبخت به 1 سال به دلیل فعالیت در پرونده مهسا (ژینا) امینی که در سال 2022 اعتراضات وسیعی را برانگیخت. ایران باید آزار و اذیت گسترده مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران را متوقف کند pic.twitter.com/5TNDHRG3TL
— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) October 23, 2023
"Irán debe poner fin a la persecución generalizada de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas", añadió.
Las dos periodistas habían sido detenidas por cubrir la muerte de Mahsa Amini y sus consecuencias.
Hamedi y Mohammadi se encuentran recluidas en la prisión de Evin de Teherán. Se les acusa de colaborar con el gobierno "hostil" de Estados Unidos, de confabularse para cometer crímenes contra la seguridad nacional y de participar en actividades de propaganda contra el régimen.
Antes de su arresto, Hamedi capturó una imagen de los padres de Amini abrazándose en un hospital de Teherán mientras su hija estaba en coma y compartió la foto en Twitter. Mohammadi escribió un informe sobre el funeral de Mahsa titulado "Una nación de luto".
La 15ª sala del Tribunal Revolucionario de Teherán, presidida por Abulqasem Salavati, condenó a Mohammadi a 12 años de prisión y a Hamedi a 13 años de prisión el 22 de octubre.
Para aumentar la severidad del castigo, también se les prohibió dedicarse al periodismo, así como a actividades sociales y políticas, durante dos años.
Mientras tanto, un tribunal iraní condenó el 17 de octubre al representante legal de la familia de Mahsa Amini a un año de prisión por "actividad de propaganda" contra la República Islámica.
La Red de Derechos Humanos del Kurdistán, con sede en Francia, dijo que la Sección 28 del Tribunal de la Revolución Islámica de Teherán también prohibió a Saleh Nikbakht realizar actividades en línea por un período de dos años.
Nikbakht, de 72 años, fue juzgado por entrevistas que concedió a medios de comunicación nacionales y extranjeros, en las que criticaba la gestión del gobierno de la muerte de Mahsa Amini y sus consecuencias.
El Ministerio de Inteligencia, demandante en el caso, alegó que había presionado a la familia Amini para que buscara reparación legal por la muerte de Mahsa bajo custodia policial en septiembre del año pasado.
El 19 de septiembre, la Sección 36 del Tribunal de Apelaciones de la provincia de Teherán condenó a otras dos periodistas, Saeedeh Shafiei y Nasim Sultanbeigi, a más de cuatro años de prisión cada una.
Shafiei y Sultanbeigi fueron condenados inicialmente a tres años y siete meses por "reunión y colusión".
Según el Comité para la Protección de los Periodistas, una ONG dedicada a la libertad de prensa, las autoridades iraníes han arrestado al menos a 95 periodistas desde la muerte de Amini en septiembre de 2022.
Muchos han quedado en libertad bajo fianza a la espera de juicio o citaciones para cumplir condenas de varios años.
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