El comité de cuestiones sociales, humanitarias y culturales de la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que condena las violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos cometidas por la República Islámica de Irán desde el estallido de las protestas a nivel nacional en septiembre del año pasado.
La resolución, redactada por Canadá, fue aprobada por la Tercera Comisión de la 78ª Asamblea General el 15 de noviembre por 80 votos a favor, 29 en contra y 65 abstenciones.
El texto condena el uso de “arrestos masivos y detenciones arbitrarias, el uso desproporcionado de la fuerza... y la imposición y ejecución de la pena de muerte contra quienes están relacionados con las protestas”.
También expresa “una seria preocupación por los informes de malos tratos durante el arresto, abuso físico y psicológico y violencia física durante la detención, incluida violencia sexual y de género”.
La enviada adjunta iraní ante la ONU, Zahra Ershadi, rechazó la resolución, calificándola de "sesgada y políticamente motivada".
Abram Paley, enviado especial adjunto de Estados Unidos para Irán, dijo en la plataforma de redes sociales X que Estados Unidos apoya al pueblo de Irán “mientras continúa su lucha contra la opresión y la violencia y por un futuro libre y democrático”.
Más de 500 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad iraníes y más de 20.000 fueron detenidas ilegalmente durante los meses de disturbios desencadenados por la muerte en septiembre de 2022 de Mahsa Amini mientras se encontraba bajo custodia policial por presuntamente llevar un pañuelo en la cabeza de manera inadecuada.
Tras juicios parciales, el poder judicial ha dictado duras condenas, incluida la pena de muerte, a los manifestantes. Hasta el momento siete de ellos han sido ejecutados.
En su resolución, la Tercera Comisión condena la “frecuencia alarmantemente alta de la imposición de la pena de muerte y el aumento significativo de su ejecución por parte de la República Islámica de Irán, en violación de sus obligaciones internacionales, incluidas las ejecuciones cometidas contra personas sobre la base de confesiones forzadas y sin un juicio justo y el debido proceso”.
Pide a las autoridades que pongan fin al uso “generalizado y sistemático” de arrestos y detenciones arbitrarias y pide que se ponga fin a la práctica de “negar deliberadamente a los presos al acceso a tratamiento y suministros médicos adecuados, agua potable, servicios sanitarios e higiene, o hacer que dicho acceso dependa de la confesión, así como del uso de violencia sexual y de género, incluida la violación, contra los presos”.
La resolución también condena la “represión intensificada y selectiva de mujeres y niñas, tanto en línea como fuera de línea”, e “insta enérgicamente a la República Islámica de Irán a eliminar, en la ley y en la práctica, todas las formas de discriminación sistémica y acoso verbal y físico contra las mujeres y las niñas."
La República Islámica exige que todas las mujeres en Irán se cubran el cabello con un pañuelo y usen pantalones holgados debajo de los abrigos, pero un número creciente de ellas han aparecido en público sin hijab durante el año pasado.
Algunas de estas mujeres desafiantes fueron arrestadas, citadas por las autoridades y enfrentadas a procesos judiciales.
Cientos de pequeñas empresas y centros comerciales han sido cerrados bajo la acusación de no hacer cumplir las normas sobre el uso del hijab a sus clientes.
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